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Fiscalía indagará los posibles delitos penales

Fiscalía indagará los posibles delitos penales
abril 10
08:24 2018

Nuevas reglas para el manejo de la deuda pública. La Contraloría General se ratificó en su informe sobre las irregularidades que cometió el Gobierno anterior en la contratación de créditos que comprometen recursos públicos y estableció una serie de normas que deberán aplicarse de ahora en adelante.

También señaló a los presuntos responsables empezando por el expresidente Rafael Correa; los exministros de Economía y Finanzas, Patricio Rivera y FaustoHerrera, un exministro de Hidrocarburos y, al menos, una decena de funcionarios de segunda línea del Ministerio y de Petroecuador.

La entidad de control cree que las irregularidades son tan graves que incluso se requiere una investigación de la Fiscalía para comprobar si se cometieron delitos penales. El informe con los indicios de responsabilidad penal ya se envió para el inicio del trámite. Correa, como lo ha venido señalando, aseguró que se trata de una “persecución política” y calificó el informe como un “absurdo total”.

Durante nueve meses los auditores de la Contraloría revisaron la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública entre el 1 de enero de 1012 y el 24 de mayo de 2017. Su conclusión es lapidaria: el régimen de Correa violó el límite (40 % con relación al PIB) endeudamiento establecido en el Código de Finanzas Públicas. En ese periodo la deuda ascendió a 50.555 millones de dólares. Es decir, el 52,54 %.

Ese valor, sin embargo, no se refleja en las estadísticas oficiales. Y eso es, precisamente, lo que cuestiona la entidad de control.

¿Qué dice la Contraloría? En resumen son cuatro puntos. El primero, los exfuncionarios incluyeron una metodología para el cálculo de la relación deuda/PIB, no prevista en la ley. Fue mediante el Decreto Ejecutivo No. 1218.

Coincidencia o no, Correa firmó ese decreto, en octubre de 2016, cuando la relación deuda/PIB estaba en 38 %. Con esa firma, el porcentaje bajó artificialmente, según la Contraloría, al 27 %. Eso posibilitó “seguir contratando deuda sin requerir la aprobación de la Asamblea” y sin tener un plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal, dice.

Correa negó esos cálculos aunque concedió que, si se hubieran pasado el límite, “no es doloso, a lo sumo es un error administrativo”.

El segundo punto, el expresidente y sus funcionarios mantuvieron y aplicaron resoluciones respecto a la calidad de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento, que difiere del ordenamiento legal. Otra vez, Correa asegura que no era ilegal. “Suponiendo que no haya sido transparente, eso no es penal”, insistió en declaraciones a FM Mundo.

El tercer punto, según la Contraloría, es que los implicados no registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, a pesar de que estas fueron satisfechas incluso mediante el pago de valores monetarios y generaron el pago de intereses al Estado. Son unos 8.200 millones de dólares.

Y el cuarto, ilegalmente se otorgó a Petroecuador la posibilidad de contratar créditos para financiar al Estado.

Con base en todo eso, la Contraloría hace una serie de ‘recomendaciones’, de cumplimiento obligatorio para el actual Gobierno, que, en el fondo, servirían para desmontar toda la estructura legal y operativa que el anterior Gobierno usó para manejar la deuda pública.

Deuda interna

Examen especial a la emisión, colocación, pago o canje de Certificados de Tesorería. En ejecución.

Banca

Examen a la dación en pago de las acciones de la banca pública al Banco Central.

Operaciones de oro

Examen a la inversión de oro monetario y bonos globales con Goldman Sachs.

Deuda interna

Examen especial a la contratación de abogados y agentes para la colocación de bonos soberanos.(i)

Tomado de Diario. Expreso

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