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Crónica de un Yasunicidio

Crónica de un Yasunicidio
mayo 12
23:04 2014

Foto y texto. Plan V.com.ec

Es una historia en tres partes: la lucha de la comunidad kichwa de Llanchama, en el corazón del Parque Nacional Yasuní; la acción de Petroamazonas frente a las comunidades en los campos petroleros y las zancadillas puestas a la consulta de YASunidos.
12 de mayo del 2014
JUAN CARLOS CALDERÓN

Una batalla se libra en el corazón del Yasuní. No tiene que ver con el rechazo de las firmas del Consejo Nacional Electoral a los Yasunidos, ni con las zancadillas que este colectivo juvenil y ecologista ha denunciado por parte de la autoridad electoral para hacer caer la consulta.

Esa batalla la libra Holmer Machoa Grefa y sus hermanos kichwas de la comunidad de Llanchama: Juan Machoa Otavalo, Agustín Coquinche Huatatoca, Isabel Alvarado Grefa, Brígida Córdova Condo, Henry Coquinche Alvarado, Nereida Grefa Siquigua, Ronaldo Sandiego Salazar, Neli Machoa Grefa, Alexandra Tapuy Notero, Irma Yuge Siquichoa, Juan Coquinche Alvarado, Gilberto Machoa Coquinche… Holmer porque es uno de los más activos denunciantes de las tareas que hace el Estado ecuatoriano en su comunidad.

Llanchama tiene 27 000 hectáreas de territorio ancestral y está desperdigada entre los campos petroleros 31 y 43, asignados a Petroamazonas, en el Parque Nacional Yasuní. Las 65 familias socias se reparten entre la población de Llanchama, Nuevo Rocafuerte y las riberas del río Napo. Durante dos décadas han tenido estatus legal de Comuna, pero eso cambió en aras de la explotación petrolera.

Según cuentan los dirigentes, el 22 de febrero del 2014 se dio una reunión en la comunidad entre los representantes de algunas familias y funcionarios de este gobierno. Hubo delegados de: Petroamazonas, Secretaría de Hidrocarburos, el teniente político de Tiputini, el delegado de la Gobernación de Orellana, de la Subsecretaría de Gestión Política y un abogado del Ministerio de Inclusión Social. Este último funcionario había dicho en esa reunión que “la empresa le pidió que vaya a la comunidad para que seamos Centro” porque no se podía hacer convenios ni recibir dinero ni actuar si seguían siendo comuna. Entonces el funcionario habría pedido que quienes quieran ser Centro levanten la mano y lo propio quienes quería seguir siendo comunca. “Esto viola el procedimiento consuetudinario ancestral pues las decisiones se toman en consenso y están encabezadas por el Presidente de la Comuna, no por un funcionario del Estado”. Así se formó un Centro Kichwa Llanchama y se dividió a la comunidad.

Tras la “constitución” del Centro, la estatal Petroamazonas entregó un cheque por USD 230 000 al presidente del organismo, de cuyo uso los firmantes de una carta pública dicen no haber recibido información. El pago lo atribuyeron a una indemnización o pago para que una empresa de sísmica 3D empezara a trabajar en el territorio de la comuna, lo cual los socios no habían autorizado.

Antes de ello, el 1 de febrero, se había convocado a una reunión de la comuna con algunos funcionarios públicos, “que llegaron acompañados de unos 20 militares del Batallón Montecristi armados con fusiles automáticos HK, revólveres y en esa reunión se hizo conocer a la comuna que se firmará un preacuerdo”.

Se pidió una votación, con los militares ahí 35 votaron a favor y 22 en contra. El Presidente de la comuna, Wilson Grefa terminó firmando el preacuerdo con Petroamazonas para permitir a esta empresa la realización de los trabajos de Sísmica 3D en terrenos de la comunidad. Por compensación, el Estado se comprometió a pagar 20 dólares por cada una de las 11 500 hectáreas. El pago era el 50% al inicio de los trabajos y el resto cuando se concluyera el registro y retiro de los materiales. Por los posibles impactos socioambientales Petroamazonas también impuso el pago de 20 dólares por hectárea. Pero esa “compensación”, no sería en efectivo sino en infraestructura educativa, social o deportiva de acuerdo a las necesidades de la población.A cambio, “la comunidad de Llanchama declara expresamente que ha sido debidamente informada por PAM EP, a través de reuniones de socialización del proyecto y del respectivo proceso de consulta y participación del Estudio de Impacto Ambiental, acerca de los impactos o posibles impactos que causarán o podrán causar las actividades hidrocarburíferas vinculadas al desarrollo del proyecto que realizará PAM en sus predios”. Y en la cláusula final del acuerdo “la Comunidad autoriza a PAM EP, a sus contratistas y subcontratistas, el uso y ocupación inmediata del área indemnizada para el desarrollo del proyecto y facilitará el ingreso del personal, equipos, materiales y demás instrumentos; y se compromete a no impedir, paralizar y/o obstaculizar el desarrollo del proyecto y sus actividades”.

Es un caso especial el de las comunidades de la ribera del Napo, dice el abogado Xavier Solís, un cuencano que trabaja en el Comité de Derechos Humanos de Orellana, en el Coca, atendiendo las denuncias y representación legal de estas familias indígenas y colonas, entre ellas a la Llanchama. Esta comunidad está en el ojo del huracán, en medio de los dos bloques petroleros que han movilizado a los Yasunidos y otros por su no explotación. “Desde fines del año anterior, el gobierno ha venido diciendo que todas las comunidades de los ríos Napo y Tipuntini, donde están los bloques 43 y 31, son comunidades en las cuales se ha hecho la consulta previa, de acuerdo al Art. 47 numeral 7 de la Constitución, donde dice que todas las comunidades tendrán derecho a que se les consulte de manera previa, libre e informada, sin embargo en comunidades como Llanchama, que ha venido resistiendo a la extracción petrolera desde hace varios años. En el documento que nosotros presentamos adjuntamos copias de documentos donde se puede ver claramente en la comunidad se ha dado una postura de no permitir la actividad extractiva en su territorio, porque han visto el impacto en las demás comunidades. Así decidieron y lo comunicaron al asambleísta Carlos Viteri Gualinga”, cuenta Solís.

 

La carta en mención fue ingresada el 30 de septiembre del 2013 a la Asamblea, dirigida el despacho de Viteri, presidente de la Comisión de Biodiversidad. Ahí se declara que ante la decisión del gobierno de explotar el bloque ITT en el Yasuní, la comunidad decidió optar por un nuevo tipo de desarrollo: proyectos de ecoturismo. Y adjuntaron una petición: “se hace necesario legalizar la tenencia de la tierra de la comunidad Llanchama, que se encuentra apostada en la zona del ITT, dada la posesión ancestral que durante décadas las personas y comunidad nos encontramos ocupando tradicionalmente”. Y adjuntaron la firma de 40 de los 65 socios, por lo cual fue una decisión de la asamblea de la comunidad.

La respuesta de Viteri fue redirigir la petición a los ministerios de Agricultura y al de Ambiente.
Solís dice que la comunidad tomó esa decisión basados en los derechos de autodeterminación que da la Constitución a los pueblos y nacionalidades indígenas y los convenios de la OIT y Naciones Unidas.
La misma carta fue dirigida al presidente de la Corte Constitucional. No obtuvieron respuesta.

Ante el silencio de las autoridades, el 2 de noviembre la comunidad hizo un pronunciamiento público, una carta abierta al pueblo ecuatoriano, a las autoridades y al Presidente de la República:
“A partir del 15 de agosto, cuando el gobierno ecuatoriano decide inconsultamente explotar el Parque Nacional Yasuní (…) empiezan a haber cambios que afectan nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones comunitarias”, empieza el comunicado, que fue el resultado de una nueva asamblea de socios.

Los ríos Tiputini y Napo son las arterias por donde estos pueblos alimentan sus vidas. Los niños y jóvenes van y vienen del colegio, compran los alimentos y sacan los productos a vender, llegan a los servicios de salud. Estas vías fluviales han sido copadas ahora por grandes naves, y son rutas de transporte pesado, con potentes motores y grandes desplazamientos. Las nuevas embarcaciones circulan a altas velocidades y generan olas de hasta un metro de altura. Esto afecta más en el Tiputini, porque es angosto y con muchas curvas, lo  cual pone en alto riesgo de naufragio o colisión los botes que usan las comunidades. Sus precarios puertos se desmoronan por el peso y fuerza de las embarcaciones, y hasta los huevos de las tortugas charapas, animales del río que anidan en la zona desaparecen y con ellos la especie.

A las comunidades preocupaba y preocupa ahora la militarización del río. Por la zona andan los militares y las embarcaciones de la empresa. Circulan a altas velocidades, no tienen respeto y hacen retenes a cada instante. Los ríos están cada vez mas contaminados de gasolina y combustibles, dijeron.

Por ello, en esa carta pública, la comunidad de LLanchama  exigió, antes de que la directiva fuera cambiada, que se respete su territorio, su tierra y se respete las relaciones autónomas dentro de la comunidad, sin injerencia de las autoridades del Estado. También pidieron que se limite la circulación de grandes embarcaciones, pues “ponen en riesgo la vida, afectan al territorio y acaban con la biodiversidad”. También que “los militares se limiten a proteger a la población y no trabajen para resguardar los intereses de la petrolera, y se legalicen las tierras ancestrales, se reconozca nuestra autonomía y autodeterminación”.

El comunicado de noviembre del 2013 fue firmado por la presidente de la asamblea de socios, Nereida Grefa, por Fausto Grefa el vicepresidente y por Juan Coquiche, secretario.
Tampoco hubo respuesta.

El abogado Solís recuerda el proceso posterior a esta carta: “Los de la empresa empezaron a intervenir en la directiva de la comunidad, asesorando a la nueva directiva, que cambió a fines de diciembre, y de todas maneras lograron dividir a la comunidad. Ahora está muy dividida. El grupo que firma la carta es el que mantiene su postura y denuncia que esta decisión de entrar a la comunidad para hacer la sísmica, con los subcontratistas fue sin el consentimiento de la asamblea de la comunidad. Lo que sucedió que Petroamazonas llegó con gente de la Subsecretaría de hidrocarburos y dijeron: vamos a firmar un acuerdo para legalizar las tierras, lo cual había sido una lucha de muchos años. Firman y luego ven que el acuerdo para legalizar las tierras era una autorización para que la empresa entre a hacer la sísmica en el campo 43.

Más en. www.planv.com.ec

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