Cuarenta años: la constitución de nuestra vida

Chile.-¿Cuánto influyen los paradigmas, las constituciones o las leyes en el comportamiento de las comunidades y las personas? ¿Determina en algo la Constitución lo que creemos, hacemos o cómo convivimos?
Quizás está demás aclararlo, pero reflexiono y escribo desde la comunicación; no desde la ley o el derecho constitucional. Me interesa la relación entre el texto, los actos y la convivencia, pero se hace difícil observarla en un país que vive desde hace cuatro décadas bajo decretos leyes, normativas y una Constitución que forman un conjunto coherente y tan estable que la norma y la conducta se han fundido hasta parecer dos caras de la misma moneda de la “normalidad”, aunque en su origen hayan materializado una opción arbitraria. (No utilizo aquí la palabra arbitraria en su acepción de “persona injusta o caprichosa”, sino en la de “convencional, algo acordado entre varias personas”, o una comisión).
El vínculo directo entre las leyes y las conductas se hace más visible al observarlo en condiciones extraordinarias, cuando el texto y los hechos irrumpen borrando el contexto que les precede e intentan fundar una nueva época, un nuevo país. Las dos primeras actas del Tomo I de las Actas de la Comisión Ortuzar encargada de crear una nueva constitución para Chile en 1973, ilustran la relación texto/hechos en esas condiciones.
La lógica de la exclusión y el exterminio
Hace casi 40 años, en Chile hubo un golpe de estado. Más allá del juicio o la evaluación que uno pueda hacer sobre la situación política que precedió al golpe, es innegable que las conductas humanas que sucedieron a partir de ese mismo día, y en los meses y años que siguieron, eran totalmente ajenas a la que había sido hasta entonces la norma compartida de convivencia por la comunidad nacional. Desde el 11 de septiembre los chilenos vieron, sintieron, sufrieron, como víctimas o victimarios conductas que antes de ese día nunca habían vivido, que probablemente algunos conocían a través de los libros y reportajes sobre la Segunda Guerra Mundial, y que ciertamente nadie (o solo muy pocos) imaginaban que pudieran ocurrir en Chile.
Bombardeo de la casa de gobierno, ejecuciones masivas, desapariciones de familias completas, organización sistemática de la tortura; quema pública de libros, bombardeo y clausura de medios de comunicación, prohibición de palabras, arte y corrientes de pensamiento, cierre de escuelas y universidades; expulsión masiva de trabajadores, profesores y funcionarios, el Estadio Nacional transformado en campo de detención masiva, apertura y organización de campos de concentración en el norte y el sur;… ¿Cómo de un día para otro se rompieron todos los cánones de la convivencia nacional y se legitimó el horror? Aunque parezcan producto del desquiciamiento, operaciones de esa magnitud, organizadas y sostenidas por un estado, siempre tienen una justificación ideológica, religiosa, política. Detrás de todos los genocidios y exterminios hay un texto, hay un lenguaje que los explica y justifica, que a menudo está asociado a un momento fundacional.
En el caso de Chile, encontramos parte de ese discurso en el acta de la segunda sesión de la Comisión Constituyente encargada de elaborar y proponer el anteproyecto de una nueva constitución política del estado. El 25 de septiembre de 1973, la comisión presidida por Enrique Ortúzar Escobar, y de la cual formaban parte Sergio Diez Urzúa, Jaime Guzmán Errázuriz, Jorge Ovalle Quiroz y Rafael Eyzaguirre Echeverría aprobó unánimemente varios proyectos de decretos leyes. El primero decía:
“Considerando:
1. — Que la doctrina marxista encierra un concepto del hombre y de la sociedad que lesiona la dignidad espiritual del ser humano y atenta en contra de los valores libertarios y cristianos que son parte de la tradición nacional.
2. — Que la doctrina marxista sobre el Estado y la lucha de clases es incompatible con el concepto de unidad nacional a cuyo servicio están las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, y resulta inconciliable también con el carácter jerárquico y profesional de los Institutos Armados de la Patria.
3. — Que de lo anterior se desprende que la doctrina marxista se orienta a la destrucción de elementos esenciales y constitutivos del ser nacional.
4. — Que la experiencia de casi tres años de un Gobierno marxista en Chile fue suficiente para destruir moral, institucional y económicamente al país, hasta el extremo de poner en serio riesgo la subsistencia de la paz interior y de la seguridad exterior de la República.
5.— Que la insuficiencia del sistema institucional chileno para conjurar dicha amenaza a través de sus canales normales, hizo necesario que las Fuerzas Armadas y de Orden, después de agotar los medios para evitarlo, asumieran el Gobierno de la Nación, acogiendo así el clamor de la inmensa mayoría ciudadana.
6.— Que sobre el nuevo Gobierno recae la misión de extirpar de Chile el cáncer marxista, de reconstruir moral y materialmente el país hacia el desarrollo económico y la justicia social, y de dar vida a nuevas fórmulas institucionales que permitan restablecer una democracia moderna y depurada de los vicios que favorecieron la acción de susenemigos.”
Cuarenta años más tarde horroriza el lenguaje de ese primer decreto propuesto por la Comisión Constituyente. “Extirpar el cáncer marxista, destruir moralmente, lesionar la dignidad espiritual del ser humano, destruir elementos esenciales del ser nacional, proteger valores libertarios y cristianos parte de la tradición nacional”: un conjunto de conceptos que abrían las puertas a la barbarie y la legitimaban.
El primer decreto Ley de la Comisión Constituyente, es la piedra fundacional de un futuro de exclusiones, de enemigos y blanco y negro, donde existen ellos los malos y nosotros los buenos, ellos los viciosos amorales y nosotros los puros libertarios representantes de la tradición libertaria y cristiana.
Cuarenta años más tarde, en el lenguaje, en el ADN de “nuestra tradición” y “ser nacional” aquella fundación sigue vigente. Nuestra convivencia sigue siendo prisionera de la lógica de los buenos y los malos, de la ausencia de matices, de la exclusión y la negación de diferentes grupos y comunidades. Conversar y “respetar al otro” como miembro legítimo de la misma comunidad sigue siendo un desafío pendiente en nuestra sociedad.
Una democracia moderna depurada de vicios
¿Pero además de la lógica del exterminio y la destrucción de lo antiguo habría algún proyecto propositivo en el origen de aquella Comisión Constituyente?
El acta primera de la Comisión Constituyente, del 24 de septiembre de 1973, recoge la esclarecedora intervención inaugural del presidente de la Comisión. Primero se refiere a la necesidad de establecer la “prohibición de que las personas que profesen ideologías marxistas puedan ocupar cargos de elección popular, sancionando a los infractores con la destitución en tales cargos”. Pero a continuación Ortuzar explicita los elementos que debe incluir la nueva Carta Política, como “el sistema de segunda vueltaen las elecciones presidenciales, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta… La exigencia de un quórum de los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada rama del Parlamento, para modificar las garantías constitucionales y aquellas disposiciones de la Carta Fundamental… La necesidad de afianzar el régimen de propiedad en general y, en forma especial, el de la agricultura, industria y minería,… la nueva Constitución deberá estimular y asegurar la Iniciativa creadora- de los particulares, pues ella, a través de la empresa privada, es el gran motor que impulsa el desarrollo económico de un país… El derecho de propiedad es, además, el fundamento de todas las libertades públicas. (Quién quiera leer y analizar en extenso esta intervención y todas las actas que contienen los argumentos y debates de la Comisión Constituyente puede consultar los 11 tomos de las Actas de la Comisión Ortuzar.)
Durante los 7 años siguientes, hasta llegar al fraudulento referéndum del 11 de septiembre de 1980, salieron unos e ingresaron nuevos miembros, hubo discusiones, modificaciones, perfeccionamientos y tensiones. Incluso, 25 años después, la Constitución del 80 fue modificada por Ricardo Lagos quien fiel a su estilo anunció «Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de ChILE».
Pero el espíritu y los fundamentos del texto constitucional siguen siendo los mismos que delineó Ortuzar el 24 de septiembre de 1973. Esas claras frases de la primera sesión son la síntesis de la trama de textos, decretos, leyes, reglamentos normas, sistema educativo, de salud, de previsión, relaciones laborales, de concepción del trabajo, del manejo de la agricultura y los alimentos, del funcionamiento de los medios de comunicación que determinan el tejido de nuestros gestos más cotidianos. Cuarenta años después pensamos que son “naturales”, pero son la consecuencia de una opción consciente y deliberada tomada en un momento particular; es una idea (entre muchas posibles) de la sociedad y el ser humano que se impuso mediante el terror y la represión.
La creación de una Constitución no está ajena a las conversaciones de su época, incluyendo las emociones. El texto que nos gobierna surge desde un miedo y una negación del otro que desató conductas tan brutales que todavía hoy se les hace imposible reconocerlas a quienes las realizaron; desde una concepción de la propiedad privada como un fundamento casi religioso de la libertad humana más que como una opción económica; desde una necesidad de proteger el “sistema de los justos y buenos” bloqueando las amenazas impulsadas por los “malos”; desde la convicción de que hay algunos que tienen la verdad, que encarnan el espíritu nacional y que deben defenderlo de quienes están equivocados.
Esta Constitución tiene sus fundamentos viscerales y espirituales en los días más oscuros de Chile. Es hora de crear una Constitución que surja en el diálogo abierto y luminoso, en el respeto de todas las personas, en la necesidad de complementar “mi” visión con la del “otro”, que haga germinar la confianza para crear una comunidad nacional donde todos velemos por el otro y por la felicidad común. Suena “raro”, no es “normal” en este contexto nacional, pero también es una opción válida, y tiene derecho a ser considerada y a ser parte de la conversación y la acción sobre cómo queremos vivir.
Concibamos una Constitución creada por todos los chilenos y chilenas para que emerja un Chile donde convivan fraternalmente todos los Chiles.
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