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Democracia y Poder Ciudadano son objetivos vigentes, frente al correísmo y al neoliberalismo

Democracia y Poder Ciudadano son objetivos vigentes, frente al correísmo y al neoliberalismo
agosto 18
16:23 2014
Por Diego Borja Cornejo
En las distintas visitas realizadas a varias ciudades del país he expresado que la propuesta del régimen correísta de cambiar la Constitución con el objetivo de hacer viable la reelección indefinida del Presidente y de otros cargos de elección popular es profundamente antidemocrática. Esta acción política del correísmo vulnera seriamente la construcción democrática que se expresa en la Constitución en un sentido de democracia avanzada y profunda y de participación y poder ciudadano. Por el contrario, se convierte en un instrumento regresivo que va a consolidar los vicios del caudillismo y del personalismo presentes como males atávicos en el quehacer político del Ecuador.
Al hacer este planteamiento, el correísmo dialoga con la clase política de espaldas a los ciudadanos. Les propone a los políticos ya electos, de todos los partidos y tendencias, incluyendo a los de la “restauración conservadora”, a quienes el Presidente ha señalado como el peligro latente, que puedan ser reelectos de manera indefinida. Más todavía, propone que este cambio constitucional se haga a través de una enmienda, o sea, que lo decidan los legisladores, en la Asamblea Nacional, quienes además serían beneficiarios de su propia decisión, pues obviamente van a usar esta prebenda política.
Con este mecanismo se está debilitando la democracia en el Ecuador, pues además de que se pone cortapisas para el surgimiento de nuevos líderes, los cuales van a ser opacados y ahogados por los actuales antes de que nazcan, genera incentivos perversos para que los políticos ya electos utilicen la maquinaria del Estado para promoverse y perennizarse en sus cargos, siendo los ciudadanos los que paguen los costos.
Ante esta propuesta, varias fuerzas políticas han planteado la necesidad de impulsar una Consulta Popular, para que sea el pueblo en las urnas el que decida si esto se aprueba o no.
Frente a ello, el Movimiento Poder Ciudadano, considera y lo hemos dicho públicamente, que tanto en términos legales, como en términos políticos, lo más adecuado sería que un cambio tan drástico de la Constitución sea aprobado por el pueblo en las urnas.
Sin embargo, vemos pocas garantías para que este proceso se realice de manera adecuada e incluso advertimos el peligro de que un hecho democrático, como es la Consulta Popular, termine siendo manejado de forma tal que consagre la intención antidemocrática del régimen.
En primer lugar todos tenemos claro que el actual Consejo Nacional Electoral tiene una trayectoria que impide que la ciudadanía lo vea como un árbitro imparcial. Hace poco tiempo impidió la realización de la Consulta Popular propuesta por el grupo de los Yasunidos, aduciendo que les faltaba el número de firmas que son requisito. En septiembre del 2012, ilegalizó al Movimiento Poder Ciudadano con el mismo argumento, a pesar de que nuestro movimiento presentó 410.000 firmas, cuando solo se requerían poco más de 150.000. En los dos casos, la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, desechó los reclamos y consagró la decisión del CNE. Nunca se aclaró en esos días la declaración que hizo el Canciller Patiño, en el sentido de que él tenía información del CNE sobre supuestas irregularidades en las firmas de un movimiento político al que él no se pertenecía, como es Poder Ciudadano. ¿Cómo un ministro, miembro del poder ejecutivo, tenía información de la base de datos del Consejo Nacional Electoral, sobre un movimiento del cual no formaba parte, cuando ni siquiera los directivos de ese movimiento, o sea nosotros, teníamos esa información? Claramente había una injerencia del poder ejecutivo en el poder electoral.
De igual forma, hace pocos días, el CNE ilegalizó a cuatro organizaciones políticas, de manera cuestionable en términos jurídicos y claramente criticable en términos políticos. Y por si todo esto no empañara suficientemente la acción del CNE, hace pocos días el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) descalificó a 12 personas que tenían calidad de veedores para vigilar la realización de la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), por tener algún tipo de relación de dependencia con esta institución. Otros dos veedores renunciaron voluntariamente y devolvieron sus credenciales. Es decir, muchos elementos que siembran una gran duda sobre la imparcialidad del CNE.
En segundo lugar, está la calificación de la pregunta que se realizaría por parte de la Corte Constitucional. Efectivamente, podría darse el caso de que la pregunta simple que habría que formular en el sentido de que la ciudadanía está de acuerdo con la reelección indefinida, para que se conteste Si o No, se la haga de forma tal que se lleve a confusión y mediante la publicidad favorable al régimen se induzca a la ciudadanía a votar por el Sí.
En tercer lugar, está la publicidad favorable al régimen que va a ser usada para inducir a la ciudadanía a votar por la propuesta de reelección indefinida o en su defecto, si se observa que esta propuesta tiene amplio rechazo ciudadano, como lo está habiendo, se modifique y se obtenga una salida intermedia, también antidemocrática, como podría ser la reelección por un nuevo período. Sobre esto ya hemos escuchado voces del oficialismo en el sentido de que sería conveniente la reelección del Presidente, no de manera indefinida, pero sí por un nuevo período, con el argumento del peligro de la restauración conservadora y el neoliberalismo y con el argumento de que hay que defender el proyecto político correísta.
A lo anterior hay que añadir que una iniciativa, que debe ser de amplios sectores de la ciudadanía, ha sido apropiada por el movimiento de la derecha CREO, dirigido por el banquero Guillermo Lasso. En varios medios de comunicación ha señalado que será su movimiento político el que impulse la Consulta Popular.
Por todo lo anterior, la postura del Movimiento Poder Ciudadano es la construcción de un frente democrático de organizaciones políticas, ciudadanas y sociales que le propongan al Ecuador una alternativa al correísmo y al neoliberalismo en el 2017. Más allá de los manejos que permitan o no la reelección indefinida o una versión de esta, el esfuerzo político debe orientarse a construir ese frente democrático capaz de triunfar democráticamente sobre el correísmo y el neoliberalismo. No es conveniente para las fuerzas democráticas caer en el maniqueísmo del régimen que sostiene: o correísmo o neoliberalismo. Entre estos dos extremos hay una gran avenida de fuerzas políticas y sociales que representan el sentir mayoritario de la población, puesto que al tiempo que se pueden tener buenas carreteras y represas, se puede tener democracia, tolerancia, respeto y dignidad.

 

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