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Deudores de Buena Fe, Instituto de Derecho Tributario y Economía Popular y Solidaria, a Régimen Económico

noviembre 22
08:33 2017

Previo a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador, la Comisión de Régimen Económico tiene previsto recibir criterios de sectores de la Economía Popular y Solidaria, de delegados de los Deudores de Buena Fe, así como del Instituto de Derecho Tributario.
En el Salón de Expresidentes, a las 11h00, los parlamentarios recibirán a Patricio Chanabá, director Ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomf) y a un representante de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
A partir de las 11h30, por pedido de la Presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe del Ecuador, Cecilia Bossano, los parlamentarios escucharán propuestas de este sector. Igualmente, Gabriel Galán Melo, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario expondrá sus criterios sobre la normativa.
El proyecto, de iniciativa del Ejecutivo, plantea garantizar la estabilidad fiscal, impulsar la equidad tributaria, promover la producción y la generación de empleo. Para el efecto se reforman las leyes de Régimen Tributario Interno, Equidad Tributaria, de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos; del Servicio Público de Energía Eléctrica, del Sistema Nacional de Contratación Pública y los códigos de la Producción, de Comercio e Inversiones, Tributario, de Planificación, Monetario y Financiero.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, durante el primer debate en el Pleno indicó que el cuerpo legal sufrió varios cambios respecto a la propuesta original. Se depuraron algunas de sus disposiciones para que se cumpla el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas del país.
Explicó que entre las normas que fueron eliminadas están aquellas relacionadas con la deducción de gastos personales en función de las cargas familiares, con la responsabilidad solidaria y tributaria de los accionistas, que afectaba el mercado de valores, y con la obligatoriedad del pago de la nómina a través de medios electrónicos.
JLVN/pv
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/52668-deudores-de-buena-fe-instituto-de-derecho-tributario-y
Quito, noviembre 21 de 2017 Boletín 1466
Pleno debatió el contenido de la pregunta 3 de la consulta popular
El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate del proyecto de resolución sobre la pregunta No. 3 de la consulta popular, referente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de iniciativa del asambleísta Pabel Muñoz.
Los parlamentarios de las diferentes bancadas legislativas centraron su debate en señalar que el pueblo como mandante tiene derecho a expresar su opinión a través de la consulta popular, la capacidad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional y la pretensión de otorgar a un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio esta facultad.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergmann, en la dirección del Pleno, luego de la intervención de 15 legisladores, suspendió la sesión.
Cabe recordar que el presidente de la República, Lenín Moreno, en la pregunta 3 consulta a la ciudadanía si “está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos”.
Sobre este particular, el asambleísta Pabel Muñoz enfatizó que el proyecto, de su autoría, no se opone al derecho que tiene el pueblo de expresar su criterio en las urnas, sino que está orientado a que la Corte Constitucional vele y cuide la constitucionalidad de las preguntas, en lo relacionado con el proceso de transición de este órgano de control para que no se arroguen competencias. De esta forma, cuando lleguen las ternas por parte del Ejecutivo esté presente la voz ciudadana, dentro de un margen de respeto pleno a cada función del Estado.
Mencionó que “existen tres elementos que deben ser tomados en cuenta y que nos unen como ciudadanos: la consulta popular como mecanismo de expresión del pueblo, las críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no cumplir la tarea encomendada en la Constitución, y el respeto pleno de competencias y responsabilidades de cada función del Estado”.
En el debate, la legisladora Verónica Arias indicó que la instauración de un consejo transitorio, integrado por ternas del Ejecutivo, con atribuciones no establecidas en la Constitución, en lo que tiene que ver con la fiscalización, atenta al derecho que tiene la Asamblea Nacional en esta materia.
Por su parte, la asambleísta Soledad Buendía aclaró que nadie está en contra de la consulta popular como mecanismo de expresión del pueblo, pero que no está de acuerdo con el contenido de la pregunta en razón de que afectaría la estructura del Estado porque se crearía un consejo transitorio con funciones ilegítimas, pues se le pretende dar facultades que le competen a la Asamblea.
Gabriela Rivadeneira advirtió que la pregunta 3 contradice expresas normas constitucionales relativas a la división de funciones. “Es nuestro deber vigilar el cumplimiento de la Constitución”, agregó.
Así mismo, algunos parlamentarios consideraron que preguntar al pueblo sobre la pregunta 3 de la consulta popular no irrespeta a la estructura del Estado. Precisaron que la ciudadanía sabrá decidir sobre el futuro de la nación y que no se puede privar al pueblo de su derecho a pronunciarse en la consulta popular planteada por el Ejecutivo, más aún cuando es un mecanismo y derecho establecido en la Constitución de la República.
En este marco, el parlamentario Jaime Olivo, al señalar que los pueblos, nacionalidades y comunidades quieren un Estado incluyente, participativo, que respete el valor de la solidaridad y reciprocidad en democracia, precisó que el pueblo es el mandante, por tanto, tiene derecho a expresar su opinión a través de la consulta popular.
El legislador Luis Pachala indicó que sobre la pregunta 3 planteada por el Ejecutivo hay jurisprudencia, con dictamen de la Corte Constitucional, en la consulta popular de 2011, que viabilizó la reestructuración del Consejo de la Judicatura. Esto no cambió la estructura del Estado, no vulneró ni limitó derechos constitucionales. En este marco, mocionó el archivo del proyecto de resolución, aspecto que también fue expuesto por el legislador Guillermo Celi. Los legisladores señalaron que la Corte Constitucional debe tramitar y ofrecer una respuesta inmediata al clamor ciudadano.
Henry Cucalón manifestó el apoyo de su bancada a la consulta popular y todas las preguntas allí planteadas, no solo la número 3. Mientras, Eliseo Azuero mencionó que la resolución en debate pretende incidir en la Corte Constitucional.
JLVN/pv
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/52667-pleno-debatio-el-contenido-de-la-pregunta-3-de-la
Quito, 21 de noviembre de 2017 Boletín 1465
Homero Castanier propone cadena perpetua para sancionar el abuso sexual a niños
“Tres de cada diez niños y cuatro de cada diez niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual en Ecuador. Existe un promedio de diez denuncias diarias por abuso sexual contra la niñez. Del 100 % de casos, el 65 % proviene de familiares cercanos, 15 % es denunciado y apenas 5 % ha recibido sanción”, afirmó el parlamentario Homero Castanier, al sustentar el proyecto de reformas al Código Penal.
El legislador aseguró que estas cifras alarmantes le motivaron a presentar el proyecto que reforma el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para garantizar la protección de la niñez y adolescencia.
El parlamentario propuso endurecer las sanciones a las personas que cometan delitos de abuso sexual contra menores de edad en Ecuador, entre ellas, cadena perpetua.
El artículo 171 del COIP estipula con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años, incluso, si la víctima es menor de catorce años. Castanier propone que el artículo se modifique de la siguiente manera: “Se sancionará con cadena perpetua cuando la víctima sea menor de catorce años o si se produce la muerte”.
Advirtió que, además de los daños físicos, el abuso sexual provoca trastornos postraumáticos, conductas autodestructivas, hostilidad, sentimientos de odio venganza, tristeza, cambios en la conducta sexual y ginecológica.(i)

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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba

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