La ruta del exilio de Galo Lara
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REDACCIÓN PLAN V
Galo Lara había salido de Guayaquil el lunes 2 de septiembre, el mismo día en que la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia determinó su culpabilidad por supuesta complicidad en el asesinato de tres personas en la localidad de Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Lara, que es un «animal político», ya se había olido que algo andaba mal en ese caso judicial. Cinco días antes, el jueves, la Sala había fijado fecha para la audiencia. Ese mismo día, un correo personal de la fiscal Cecilia Armas sorprendió a sus abogados: lo convocaba –relata Lara– a comparecer en la Fiscalía para que diera una versión en el caso de la «Corte Cervecera», denunciado por él en sus tiempos de asambleísta, y «la fiscal arma esto, me envía el correo el jueves para que me presente el lunes a las 10 de la mañana en la Fiscalía, porque ellos ya tenían armado que a las 4 de la tarde de ese mismo lunes se dictara la sentencia en mi contra».
Y les olió mal porque la ley exige que los llamados judiciales deban ser vía notificación a los casilleros. No fue al Ministerio Público. Horas después, a las 4 de la tarde, se enteraba de que había sido encontrado culpable de complicidad por un triple asesinato, que la sentencia era de 10 años y que se había emitido orden de prisión en su contra, sin darle derecho –dice su defensa– a la apelación correspondiente ni a la decisión de dejar en firme la sentencia.
Estaba en su vehículo, sobre el puente de la Unidad Nacional, dirigiéndose a su casa en Samborondón, cuando llamó a sus abogados y cercanos colaboradores para comunicarles la decisión de entregarse: «porque mis manos no están manchadas de sangre. Nunca he ordenado ni ordenaré la muerte de alguien. Así que incluso ordené que todos se preparen para irme a entregar. Porque la resolución de esa Sala de la Corte se podía apelar. La Sala, además, no puede emitir una orden de prisión, tiene que haber primero una sentencia en firme y ejecutoriada, para que sea válida. A ella la obligaron a dictar la orden de prisión en mi contra porque se suponía que yo debía estar en la Fiscalía para detenerme. Y lo otro ilegal es que la Sala, sabiendo que no era una sentencia ejecutoriada, engaña a la Interpol, y los de Interpol de Ecuador se prestan al juego político del Gobierno del Ecuador para pedir una alerta roja contra Galo Lara, cuando hasta ahora no existe una sentencia ejecutoriada.
Aquí empieza la serie de anécdotas en tono místico que Lara gusta de contar para explicar la sucesión de increíbles circunstancias que lo llevaron a escapar del cuarto intento del Gobierno por ponerlo en la cárcel. Ya con la decisión tomada, cuenta, recibe una misteriosa llamada de alguien que no da su nombre pero que se identificó como oficial de la Policía. No se entregue, le habría advertido, la orden es encontrarlo y aplicarle la ley de fuga. Con lo que estaba puesto, cambió de rumbo hacia el norte, pasó por Durán y llegó hasta Quevedo, donde hizo las llamadas y contactos que garantizarían su escape. Así, Galo Lara, exasambleísta de Sociedad Patriótica por Los Ríos, empezaría el camino para convertirse en el cuarto exiliado político de este Gobierno.
Una vida polémica
Para el Gobierno, Lara es un delincuente común. Es más, se lo califica de criminal y hasta de violador. Para demostrarlo, el Gobierno y la Fiscalía enarbolan una batería de supuestas pruebas que demostrarían sus acusaciones. En una pieza efectista de 23 minutos en YouTube, que a la fecha tiene 30 000 visitas, relata las supuestas acciones del opositor a Rafael Correa: complicidad en asesinato de Quinsaloma, estafa a un grupo de comerciantes en Los Ríos, violación, falsificación de un cheque de 5000 dólares, comercialización de carros robados… El documental, que se titula Galo Lara, el sicario de Los Ríos, se explaya en la muerte de los esposos Carlos Llanos y Silvia Palma y de su hijo de tres años de edad, el 4 de agosto del 2011. Luego del crimen, su casa fue incendiada. Cuatro meses después, la Policía capturó a dos de los presuntos asesinos, que las autoridades sospecharon que eran sicarios. Finalmente, uno de los detenidos confiesa haber realizado el crimen y admite que «quien mandó matar a Carlos Llanos fue Carolina Llanos, el del trato fue Carlos G. y quien mandó la plata fue Galo Lara».
Carolina Llanos, una agraciada mujer de la zona, se dijo que era compañera sentimental de Lara, con quien tenía hijos gemelos. El propio ministro del Interior, José Serrano, anunció las supuestas pruebas que vincularían a Lara: la confesión del presunto autor material, el número de celular que usaba Carolina Llanos estaba a nombre de Lara y en la cuenta de la señora aparecían depósitos del entonces asambleísta. Del primer hecho vinculante, aparece la grabación del detenido de apellido Veliz, quien declara ante las cámaras lo citado arriba entre comillas. Pero la defensa de Lara salió de inmediato a refutar esa vinculación: las palabras dichas no coinciden con el movimiento de los labios. Es el testimonio más «contundente» y a éste se agrega un testigo protegido de la Fiscalía, Alex C., quien fue descalificado por la defensa de Lara por sus presuntos antecedentes penales.
Mientras pasaba esto en la Fiscalía y los juzgados, Galo Lara, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización, generaba sistemáticamente denuncias de presunta corrupción del Gobierno del presidente Correa. Entre el 2007 y el 2012, período de su legislatura, Lara registra al menos 30 denuncias en contra de funcionarios públicos, entre ellos varios ministros de Estado y el propio Presidente: los más sonados fueron los contratos del SOAT y sus reaseguros; los contratos de las carreteras en la época de Jorge Marún en el Ministerio de Obras Públicas; el aseguramiento de los aviones de Tame; el contrato y aseguramiento de los helicópteros Druvh de la Fuerza Aérea; la compra de las pistolas Glock para el Plan de Seguridad Ciudadana; la mala calidad de las casas del Bono de la Vivienda; la importación de miles de toneladas de maíz; el manejo de la empresa EICA, incautada por el Estado al grupo Isaías; el costo del proyecto multipropósito Baba; la contratación del seguro del Bono Mortuorio; el cheque de USD 500 000 en la Corte Constitucional (Corte Cervecera); la reaseguradora Costwold y su manejo de dinero en un paraíso fiscal; la compra de radares chinos para la frontera Norte; la comercialización de crudo con Petrochina…
Por algunas de esas denuncias y su proverbial lenguaje acusatorio (difamatorio, diría el Gobierno), Lara fue demandado en dos ocasiones, acusado del delito de injurias, por el propio presidente Rafael Correa. El 15 de septiembre del 2011, Correa demandó a Lara ante la Fiscalía por afirmar el 11 de agosto del 2011, en la sesión 119 de la Asamblea Nacional que «no hay acuerdos por la democracia para comprar conciencias, señor Presidente. Aquí hay una sólida oposición al régimen, que está dirigido por Rafael Correa, una corrupción que él la dirige y la protege desde Carondelet». La frase está citada textualmente en el escrito de la demanda, y en ésta Correa reclama que se le están imputando delitos de presunta corrupción sin prueba alguna. Por esa demanda se pretendió retirar a Lara la inmunidad parlamentaria, pero se suscitó un escándalo porque el asambleísta de PSP denunció que el entonces Presidente de la Asamblea no había tramitado a tiempo el pedido de la Corte Nacional de Justicia, del 11 de noviembre del 2011, pretendiendo hacerla pasar por silencio administrativo. La votación del Pleno favoreció y protegió la inmunidad de Lara.
El escape a Panamá
Santo Domingo de los Colorados fue la primera ciudad que Lara tocó luego de establecer la ruta de escape hacia Panamá. ¿Por qué escogió ese país? Porque Panamá tiene una larga tradición de acoger a políticos ecuatorianos perseguidos. El más famoso, sin duda, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, desde 1997.
Según Lara, el Gobierno había «regado» por su probable camino a varios oficiales de la Policía ecuatoriana. Y había alertado la vigilancia en puertos y aeropuertos. Así que el largo viaje fue por tierra. Cruzó la frontera con Colombia sin problema y recaló en Pasto. Luego viajó hasta Cali y terminó en Bogotá. Mientras tanto, había llamado a su hermano, quien vive en Estados Unidos, para que viaje a Ciudad de Panamá a esperarlo. Por recomendación de su presunto «ángel guardián», el policía que dice le advirtió de su riesgo de muerte, Lara había sacado la batería y el chip de su celular. Se tornó invisible, durante esos días nadie lo pudo localizar a pesar del esfuerzo de periodistas y políticos. En Bogotá planeó la entrada más prudente a Panamá. Un vuelo directo era impensable. Así que siguió derecho hacia la costa caribe colombiana, y llegó hasta Capuraganá, un puerto paradisíaco y turístico colombiano que limita con Panamá. No se sabe si llegó allá vía aérea o terrestre, pero cruzó en lancha la frontera marítima colombo-panameña y en Puerto Obaldía pidió entrada de turista a Panamá. El encargado de Migración vio su pasaporte, metió sus datos en una computadora y estampó el sello de entrada legal al país, y le dio una permanencia de 90 días. Eso lo salvó.
Al otro día tomaba un vuelo chárter de Air Panamá para llegar hasta Ciudad de Panamá donde lo esperaba su hermano con un grupo de abogados. Cuando caminaba hacia la escalerilla del avión turbohélice para 18 pasajeros, Lara dice que se cruzó con un oficial de la Policía ecuatoriana, que llegaba en ese vuelo desde Ciudad de Panamá. Al punto lo reconoció: ¡asambleísta Lara!, dice que le gritó. No hizo caso y siguió derecho al avión. Una hora después aterrizó en el aeropuerto Albrook, un aeropuerto aledaño a la capital y usado para vuelos nacionales, ubicado cerca de la zona del Canal. Cuando su pasaporte fue revisado, un agente de Migración le retuvo porque había una denuncia por robo de su pasaporte y que oficiaría a Interpol sobre el asunto. La reacción del político fue inmediata: «señor, el único que podía denunciar el robo de mi pasaporte soy yo. Por consiguiente, si en una hora usted no me pone en libertad, le anuncio que estoy solicitando asilo político». El policía se asustó y llamó a su jefe; pidió ayuda porque se trataba de un asunto delicado. Los agentes de Migración revisaron de nuevo la página de Interpol y ahora sí aparecía una alerta desde Ecuador por una orden de prisión por asesinato. Lara insistió: «yo no tengo orden de prisión».
Entonces pidieron a la Interpol del Ecuador que remitiera la orden de prisión, y la sentencia ejecutoriada para que esa alerta tenga validez. Ya en la noche se presentaron sus abogados. Lograron demostrar que en Puerto Obaldío la República de Panamá había dado la entrada por seis meses y estaba bajo el amparo de leyes panameñas. Lara durmió esa noche en una oficina del aeropuerto de Ciudad de Panamá, hasta que se remitiera desde Ecuador la denuncia de pérdida de pasaporte. A las seis de la mañana del siguiente día llega el primer grupo de Interpol del Ecuador. Mientras tanto, en Quito, tanto el Fiscal General como el Ministro del Interior tuiteaban que se había capturado a Galo Lara.
La comisión ecuatoriana pidió la extradición del detenido, pero nuevamente Migración pidió los documentos que demostraran la sentencia. A las ocho de la mañana de ese mismo día llegó el segundo grupo de autoridades en un avión, mientras que las ediciones de los medios gubernamentales anunciaban que Lara regresaba detenido a la cárcel en avión. A las 11:00 el oficial ecuatoriano Amable Chiriboga llegó hasta las oficinas de la Policía panameña y le dijeron que ya no tenían el caso, fue a Migración y dijeron lo mismo. Luego dicho oficial pidió una cita al Ministerio del Interior para las tres de la tarde. Pero diez minutos antes fue informado de que se suspendía la cita porque Lara ya había oficializado su asilo político.
Solicitó el asilo luego de las 09:00 de ese día. Lo hizo a mano por instancia de un abogado panameño. En el pedido afirmó que su vida corría peligro, porque había orden de matarlo por haber denunciado los actos de corrupción del régimen. Lara estaba ya bajo jurisdicción de la Cancillería panameña. De policial, el caso pasaba a ser diplomático. Días más tarde, el jefe de la Interpol del Ecuador declararía a un portal de noticias ecuatoriano: «la Cancillería panameña nos arrebató a Lara de las manos».
La llegada de las autoridades del Ecuador a pedir la extradición fue al día siguiente. Bajo el argumento de que no se trataba de un perseguido político sino un delincuente común, nada menos que 14 funcionarios, encabezados por el Ministro del Interior, el Fiscal General y el Vicecanciller de la República, llegaron a primera hora hasta Ciudad de Panamá para pedir la extradición de Galo Lara. En la larga y polémica historia de asilos otorgados por Panamá, nunca se había dado tamaño despliegue. Lo cual causó sorpresa en la Cancillería de Panamá, y más cuando llegaron periodistas de medios gubernamentales del Ecuador y hasta familiares de las víctimas de Quinsaloma.
La delegación oficial se entrevistó con el canciller de Panamá y expuso sus razones. El primero en regresar fue el fiscal Galo Chiriboga, al mediodía, en un vuelo de Copa.
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