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La usura aprovecha la ley para cobrar deudas

La usura aprovecha la ley para cobrar deudas
septiembre 26
13:00 2013

Fuente. El Expreso

La casa de Luis Cabrera y su hija Clara está próxima a rematarse tras un proceso ejecutivo que se siguió durante más de un año en contra de ambos por el cobro de una deuda, en la que dicho bien figuraba como garantía.

Sin embargo, ambos aseguran que no supieron que estaban demandados sino hasta hace tres meses y a pesar de pagar con regularidad debían casi el triple del monto de un préstamo particular de 10.000 dólares que habían fijado a un interés anual del 20%. Tampoco sabían que dicho proceso ya había llegado a sentencia y que estaban por perder la casa.

Los deudores actualmente gestionan un pedido de nulidad de sentencia ejecutoriada con el fin de no perder su hogar. También han instaurado una denuncia por el delito usura en contra de la prestamista, quien al momento ya ha sido citada por la Fiscalía para rendir su versión.

Padre e hija esperan ahora que su caso sea atendido por las autoridades del Ministerio del Interior, quienes desde julio de este año han emprendido un plan de combate en contra de la usura a nivel nacional a través de recompensas por información.

En lo que va del año, la Policía Judicial ha registrado la desarticulación de por lo menos tres grandes bandas dedicadas a este ilícito en los operativos Florida, Regué y Codicia. Esta última redada determinó la desarticulación de una red que operaba en cuatro provincias del país. Según cifras de la Fiscalía, por este delito se ha receptado un total de 340 denuncias desde enero de 2012 hasta mayo del año en curso.

Fue a principios de junio que un perito avaluador llegó a la casa de los Cabrera, en la ciudadela Huancavilca Sur, para establecer si el costo del inmueble se equiparaba con el valor adeudado. Para Clara fue una sorpresa. Habían transcurrido más de tres años desde que recibió los 10.000 dólares por parte de la prestamista azuaya. Ella recuerda que en agosto de 2010 enfrentaba una difícil situación: a su hermano le habían detectado cáncer y no tenían dinero para costear los tratamientos oncológicos.

Un amigo la contactó con una persona que trabaja con la prestamista azuaya en el centro de Guayaquil. Clara solo debió contactarse con el intermediario, presentar las copias de las escrituras, firmar una letra de cambio en blanco y encontrarse con la acreedora en una agencia bancaria para recibir el efectivo.

La mujer cuenta que la desesperación del momento hizo que no pusiera mayor reparo en firmar un documento vacío. La deuda estaba planteada al 20% de interés anual y debía ser cancelada en 36 meses. Es decir de los $ 10.000 que había prestado debía cancelar en total 16.000. Luis firmó como deudor y su hija como avalista. Las cuotas por mes fueron fijadas en $ 450.

Al final, el préstamo solo pudo ser utilizado para que el pariente enfermo tuviera una muerte digna y menos dolorosa, pues los médicos nada pudieron hacer para salvarlo.

La deuda continuó siendo cancelada, pero en abril del año pasado la acreedora denunció el no pago. El juez que acogió la demanda nunca pudo receptar los argumentos de defensa de los deudores, pues ellos no se presentaron a su despacho.

Cuando Clara y Luis al fin se enteraron sobre la demanda en su contra, también conocieron que la letra de cambio en blanco nunca fue estipulada en $16.000 sino en 24.000. Peor aún, tras el proceso ejecutivo se había determinado que con interés la deuda creció a los 30.000 dólares.

El juzgado había llevado la causa en rebeldía de los demandados, pues supuestamente les habían notificado en tres ocasiones para que fueran a comparecer y ellos no habían asistido. Clara afirma que tiene pruebas de que la persona encargada de darle la notificación nunca tomó contacto ni con ella ni con su padre, pues acudió en horarios en que ninguno de los dos estaba presente en la casa.

Dice que a sus espaldas se fueron agotando todas las instancias del proceso hasta que el juez sentenció el pago de la deuda bajo el remate del bien fijado como garantía. Pese a que hay la posibilidad de que la sentencia ejecutoriada quede nula, ese proceso podría durar varios meses y mientras tanto el acreedor puede rematar la vivienda si así lo dispone.

Clara asegura que no es la única que pasa por esta situación y lo que le ocurrió es parte del modo de operar de la prestamista cuencana. Ella investigó en la página del Consejo de la Judicatura y constató que la acreedora azuaya le sigue procesos similares a dos personas más en Guayaquil.

En ambos procesos ya consta una sentencia ejecutoriada que determina el remate de las viviendas de los deudores por falta de pago y también se señala que los demandados no han comparecido nunca al llamado del juez que lleva la causa. La afectada presume que como le ocurrió a ella y a su padre, probablemente estas personas no estén al tanto de que su deuda ha crecido y que están al borde de que les quiten sus casas. BHP

Guayaquil

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