Se tipifican infracciones como la omisión de tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual
El proyecto de Código Orgánico Integral Penal, aprobado esta víspera por la Asamblea Nacional, con 101 votos, responde a los principios de la Constitución de la República y se adecua a los compromisos internacionales aprobados por el Ecuador.
En efecto, el proyecto, que en las próximas horas será remitido a la Presidencia de la República para el pronunciamiento respectivos en los siguientes 30 días, desarrolla la normativa constitucional que reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia; en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
Compromisos internacionales
En el código se tipifican nuevas conductas penalmente relevantes adaptadas a las normas internacionales, se introducen nuevos capítulos como por ejemplo el que se refiere a los delitos contra la humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos.
En otros casos, cuando en instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador se establecen tipos penales abiertos y poco precisos se han diseñado los tipos penales considerando las garantías constitucionales, la efectividad del combate del delito y la precisión en elementos de la tipificidad, según destaca el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso.
Por primera vez se tipifican infracciones como la omisión de denuncia de tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado.
Desde esta perspectiva se honran compromisos internacionales y, además, se cumple el postulado que en materia de derechos humanos, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen vigencia en el sistema jurídico infraconstitucional.
Garantías y eficiencia de la justicia penal
También resalta que todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una infracción penal, pues si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca sanciona y si las garantías se flexibilizan se acabaría condenando a la persona inocente.
El sistema penal tiene que llegar a un término medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz social en el combate a la delincuencia.
Se limita la actuación del aparato punitivo del Estado, de modo que la o el juez es garante de los derechos de las partes en conflicto. El proceso se adecua a los grados de complejidad de los casos, las personas sometidas al poder penal, como víctimas o procesados, tienen en todas sus etapas derechos y garantías.
PV
