Verifican identidad de 800 policías por el 30S
Algunos lucían preocupados a su salida del Regimiento Quito 1. Aparecían solos o en grupo, casi todos vestidos de civil. 800 policías del país habían sido convocados, desde las 07:00, para una pericia fiscal de identificación y un examen médico.
En ese sitio, hace casi tres años, empezó la revuelta policial del 30 de septiembre.
La prensa no pudo acceder hasta el helipuerto de la Policía en donde se formó menos de la mitad de los convocados. Ellos fueron notificados la tarde y noche del lunes, que debían acudir al Regimiento.
La diligencia fue encargada al fiscal Iván Ron. Él reemplazó a su colega, Gustavo Benítez, quien no pudo acudir: desde hace dos semanas asiste al juicio por el desvío de fondos en el Ministerio del Ambiente. Benítez lleva adelante una indagación previa por los hechos del 30S.
Según fuentes de la Fiscalía, el objetivo de la diligencia fue la toma de muestras fotográficas indubitadas y un examen médico para verificar si los policías se han practicado alguna cirugía plástica. Dos uniformados que acudieron al llamado confirmaron la realización del examen.
Los agentes, quienes pidieron la reserva de sus nombres, dijeron que desconocían la razón de esa diligencia. Uno de ellos reconoció que se siente «intranquilo». Otro uniformado señaló que la preocupación viene porque «no explican para qué es el examen».
La mayoría, perteneciente a la Policía Judicial de Pichincha y a repartos de otras provincias, prefirió no decir nada.
Entre los citados estuvo el policía Jhonny Casalombo quien permaneció 95 días detenido. Él fue señalado, a través del sistema de recompensas del Ministerio del Interior, como uno de los agentes que incitaba a matar al presidente, Rafael Correa, la noche de la sublevación policial.
Alguien mencionó su nombre y fue detenido. En un enlace sabatino el presidente incluso dijo que debía «ser acusado de homicidio». Pero una pericia de un experto internacional aseguró que no era él quien aparecía en el vídeo del Ministerio del Interior y fue liberado. Casalombo regresó a trabajar y, actualmente se encuentra asignado en Babahoyo. El gendarme ya no está preocupado porque está seguro que «hemos demostrado mi inocencia con documentos».
Según estadísticas proporcionadas por la Fiscalía, por los hechos del 30 de septiembre se abrieron 32 expedientes.
De ellos 10 concluyeron con sentencia, cinco se encuentran en etapa intermedia, cinco en instrucción fiscal, 10 siguen en indagación previa y otros dos están en investigación. El tribunal segundo de Garantías Penales de Pichincha, acusó a 10 policías y tres fueron absueltos.
El coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa fue el único oficial condenado por el 30S por presunto atentado a la seguridad interna. Él fue liberado en abril.
Hoy, a partir de las 08:20, está convocado el juicio en contra de uno de los oficiales acusados de rebelión.
Marieta Campaña Villacís – campanam@granasa.com.ec – Quito
Fuente: Expresp
